Nova Austral recibe más de la mitad de los montos que el Estado entrega por Ley Navarino

Nova Austral, la compañía de capitales noruegos que fue denunciada hace aproximadamente un mes por el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) ante el Ministerio Público y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por modificar los índices de mortalidad de sus peces y de posiblemente adulterar el fondo marino de su centro de cultivo, ha sido la mayor beneficiada por la Ley Navarino, según detallan cifras de la Tesorería General de la República obtenidas vía Transparencia.

Sólo en 2018 las bonificaciones entregadas a la empresa alcanzaron algo más de $ 19.588 millones, lo que corresponde al 54% del total de lo emitido a las 17 empresas que recibieron el beneficio ese año (ver infografía).

En 2017, esta alcanzó un 60% del total, con $ 19.965 millones de un total de $ 32.806 millones repartidas en quince compañías.

En lo que va de este año, Nova Austral ha recibido $ 10.844 millones y, según fuentes de cercanas a la empresa, la última cuota fue pagada el 2 de julio pasado, por un monto alrededor de $ 1.427.800 (US$ 2 millones).

El objetivo de la ley es fomentar la inversión de empresas que se ubiquen en la zona. De la industria salmonera, Nova Austral es la única que los recibe.

La ley también otorga una bonificación estatal por la contratación de mano de obra. En esa línea, el año pasado la empresa recibió $ 282.499.629 por 7.912 trabajadores, mientras que a 2019 ha logrado $ 274.675.124, por 7.523 funcionarios.

En cinco años (desde 2015 a lo que va de este ejercicio), la empresa ha recibido $ 66.964 milones.

Importancia de la ley

Las bonificaciones que recibe la salmonera por Ley Navarino corresponde a una parte importante de sus ingresos y del atractivo que podría generar en los actuales y futuros inversionistas. De hecho, se podría decir que su futuro depende de ello, dada la actual crisis.

Este camino aún no está asegurado y el entorno de Nova Austral sigue expectante, ya que la compañía es el principal motor económico que mueve al sector de Porvenir, en la zona austral. Ese futuro será determinado una vez que finalice la investigación del Ministerio Público, a cargo del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, y la SMA, según dijo el intendente de Magallanes, José Fernández, en entrevista con DF.

El proceso de pago de los bonos estatales de esta legislación corresponde a la solicitud de devolución de pago que hagan las empresas a Tesorería General, según sus facturaciones y una serie de antecedentes que verifique el cumplimiento de los requisitos que establece la ley.

El extesorero de la República, Hernán Frigolett, explica que “si se paga a una empresa que no cumple los requisitos, se considera un pago mal efectuado y eso puede generar problemas, al estar comprometidos fondos del Tesoro Público. En ese caso, la Contraloría General de la República puede tomar acciones por no respetar procedimientos”.

Dada la malinformación de la cifra de mortandad a Sernapesca, el economista señala que “si la adulteración hace que la mortandad informada es más baja que la efectiva, se está haciendo una facturación en exceso y por tanto se está pidiendo una bonificación mayor por algo que no fue efectivamente vendido. Peces muertos tienen un valor de mercado cero, por tanto, estaría haciendo una acción dolosa, porque no correspondería pago del beneficio”.